Un adulto mayor indígena de 74 años, identificado con las iniciales C.C.C., comunero del pueblo LikanAntay (Atacameño) y poseedor ancestral de la mitad del Lote N°138 en la Comunidad Indígena Atacameña de San Santiago de Río Grande, interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Calama por tratos degradantes, amenazas y daños a su terreno ancestral.
En un punto de prensa realizado en Calama, el abogado Lautaro Loncon Antileo, representante del comunero, expuso públicamente los antecedentes del caso, señalando que los hechos denunciados se habrían extendido entre los años 2022 y 2025, afectando gravemente la dignidad, salud y derechos de su representado como persona mayor e integrante de un pueblo originario.
Según la acción judicial, tras una enfermedad sufrida por el adulto mayor y su esposa en 2022, el comunero habría comenzado a ser hostigado y desconocido como miembro de la comunidad, siendo excluido de procesos de regularización de títulos y de beneficios comunitarios, como el uso de maquinarias comunitarias y otros acuerdos con empresas privadas.
⚠️ La querella denuncia además que, entre 2023 y 2024, se le habrían impuesto sanciones desproporcionadas y humillantes, destacando un hecho ocurrido en diciembre de 2023, cuando —pese a su edad y a diversas enfermedades diagnosticadas— habría sido obligado a subir a pulso seis cruces de madera con base de cemento hasta el cementerio del pueblo, ubicado en un cerro, como castigo por no participar en una actividad comunitaria, situación que habría afectado seriamente su integridad física y dignidad personal.
Durante 2025, el conflicto se habría intensificado por un problema de deslindes del Lote N°138, imputándose a un vecino la invasión del terreno. El hecho más grave habría ocurrido el 4 de octubre de 2025, con la destrucción del cerco perimetral, daños a materiales, un socavón en el frontis del predio y la instalación de un cierre de hormigón armado que invadiría aproximadamente 20 metros cuadrados del terreno ancestral. Dos días después, el adulto mayor y su hija habrían sido citados a una reunión intimidatoria, con presiones, descalificaciones y amenazas relacionadas con su permanencia en la comunidad y el acceso a su propiedad.
⚖️ La acción penal imputa los delitos de trato degradante a persona adulta mayor, amenazas simples, daños simples y destrucción o alteración de deslindes, solicitando además la inhabilitación para ejercer cargos u oficios con relación habitual con personas mayores para quienes resulten responsables.
📻 Radio Vecinal estuvo presente como medio de comunicación en la conferencia realizada en Calama, dando cobertura a este caso que, según se indicó, no sería un hecho aislado, ya que existirían más de 20 familias afectadas que no han denunciado por temor.
🧓🏽 Desde la parte querellante se enfatizó que el respeto a las tradiciones y a la organización comunitaria no puede amparar prácticas que vulneren la dignidad, los derechos humanos ni el derecho a la tierra heredada de los ancestros, especialmente cuando se trata de personas mayores indígenas.
